México, España y la política de la culpa - Entrada 5 — El anacronismo como arma política

 

México, España y la política de la culpa

Entrada 5 — El anacronismo como arma política

Una de las distorsiones más frecuentes en el debate contemporáneo sobre la Conquista es la tentación de juzgar el siglo XVI con las categorías morales del siglo XXI. Es un error comprensible —la sensibilidad moderna está impregnada de derechos humanos, igualdad jurídica y responsabilidad individual—, pero es un error profundo. La historia no puede ser leída como si los actores del pasado hubieran vivido bajo nuestras mismas normas, valores y horizontes mentales. Hacerlo no solo conduce a conclusiones falsas, sino que convierte el pasado en un instrumento político del presente.

En el mundo premoderno, la expansión territorial, la guerra, la imposición religiosa y el sometimiento del vencido eran prácticas universales. No existía un orden internacional que prohibiera la conquista, ni un sistema moral que la considerara ilegítima. Los mexicas ejercían sobre sus vecinos exactamente la misma lógica que los castellanos sobre los suyos: tributo, control militar, legitimación religiosa y dominio político. La diferencia no está en la moralidad, sino en la escala y en el desenlace.

Aplicar a ese mundo criterios contemporáneos es tan absurdo como exigir a los habitantes del siglo XVI que respetaran convenciones que no existían. Es un anacronismo que convierte la historia en un tribunal retroactivo, donde los acusados no pueden defenderse y los jueces dictan sentencia con leyes promulgadas siglos después.

Pero el problema no es solo metodológico. Es también político. El anacronismo permite construir un relato de víctimas y culpables que resulta útil para la confrontación identitaria. Si los españoles actuales son presentados como herederos morales de los conquistadores, y los mexicanos contemporáneos como representantes de un pueblo indígena homogéneo, entonces la historia se convierte en un campo de batalla simbólico donde cada cual proyecta sus intereses presentes. La verdad histórica queda relegada a un segundo plano.

España ofrece un ejemplo elocuente de cómo una sociedad madura integra su pasado sin convertirlo en un arma. La península ibérica fue conquistada, sometida y transformada en múltiples ocasiones a lo largo de su historia. Roma impuso su dominio tras guerras devastadoras, destruyó ciudades enteras y reorganizó el territorio según sus intereses. Los pueblos germánicos ocuparon el vacío dejado por el Imperio y establecieron nuevas élites militares. Los árabes conquistaron casi toda la península en pocos años, instauraron tributos y reconfiguraron la estructura social. Más tarde, los reinos cristianos avanzaron hacia el sur en un proceso largo y violento que también implicó desplazamientos, imposiciones y rupturas.

Y, sin embargo, ninguna de estas heridas históricas se ha convertido en una reclamación política contemporánea. España no exige disculpas a Italia por las legiones romanas, ni a Alemania por los visigodos, ni a los países árabes por la conquista del 711. No porque aquellos episodios fueran benignos —no lo fueron—, sino porque forman parte del tejido profundo de lo que hoy es España. La historia no se repara: se asume. No se convierte en un arma: se convierte en memoria.

Esa actitud no implica olvido, sino madurez. Implica comprender que las sociedades actuales no son responsables de los actos de sus antepasados remotos, del mismo modo que tampoco pueden reclamar méritos por logros que no vivieron. La identidad contemporánea no es una herencia moral, sino una construcción histórica compleja donde confluyen múltiples capas de tiempo.

El anacronismo, cuando se utiliza como herramienta política, empobrece la comprensión del pasado y distorsiona el presente. Reduce la historia a un relato de buenos y malos, útil para movilizar emociones, pero inútil para comprender procesos. Y, sobre todo, impide que las sociedades se reconozcan en su complejidad, en su mestizaje, en su pluralidad de orígenes.

Liberar la historia del anacronismo es un acto de responsabilidad intelectual. Y es también un paso necesario para que el diálogo entre México y España deje de estar condicionado por fantasmas que no pertenecen a ninguno de los dos pueblos actuales.