¿Nadie asesora al Presidente
del Gobierno o el Presidente no quiere asesoramiento?
El ejercicio del poder en una
democracia consolidada no solo exige idoneidad técnica en la toma de
decisiones; exige, sobre todo, un sentido profundo de la oportunidad política,
la presencia institucional y la jerarquía de prioridades. La gravedad de las
responsabilidades que la Constitución asigna al Presidente del Gobierno no
admite paréntesis de inhibición ni desplazamientos simbólicos que desconecten a
la cúspide del Ejecutivo de la realidad nacional.
Sin embargo, el contraste que
vivimos en España entre la severidad de los hechos en el Flanco Sur y la agenda
del Jefe del Ejecutivo plantea una inquietante disyuntiva: o bien la estructura
de análisis y gabinete que rodea a la Presidencia padece un diagnóstico
fallido, o bien el Presidente ha decidido voluntariamente operar al margen de
todo consejo, priorizando una desconexión personal en la finca de La Mareta
frente al epicentro de la mayor crisis de seguridad y cohesión cívica que
afronta nuestro país.
Mientras en la frontera de
Ceuta la presión migratoria sobrepasa cualquier estándar de capacidad de carga
asistencial, desbordando en un mil por ciento las capacidades de tutela de
menores, tensionando los servicios sanitarios y exponiendo la fragilidad de
nuestra frontera exterior europea, el centro de gravedad del Gobierno no se ha
desplazado allí donde la soberanía nacional se pone a prueba. Ha quedado
relegado a la inercia administrativa de la distancia.
El centro político de España
debía estar en Ceuta
Frente a un desafío
humanitario, fronterizo e institucional de esta magnitud, la respuesta del
Estado no puede limitarse a la gestión de expedientes a distancia ni al cruce
de declaraciones entre ministerios. La gravedad de la situación exigía una
señal inequívoca de firmeza, Estado y presencia física.
Ha llegado la hora de
preguntarse por qué el Presidente del Gobierno, acompañado de sus ministros de
Asuntos Exteriores, Interior, Defensa e Inclusión, no fijó el centro político
de España en Ceuta. El histórico Hotel La Muralla no debería haber sido un mero
espacio hostelero de paso, sino la sede operativa del Gabinete de Crisis de la
Nación; la oficina desde la cual el Gobierno en su conjunto proyectara hacia el
resto de la Unión Europea y ante la opinión pública internacional que Ceuta no
es una periferia olvidada, sino la frontera misma del proyecto constitucional y
europeo.
Hacer política de Estado
significa estar donde el problema acucia. Implica liderar sobre el terreno,
coordinar de primera mano la respuesta asistencial y de seguridad, garantizar
la protección del interés superior del menor mediante recursos estatales directos
y transmitir a la ciudadanía ceutí y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado la certidumbre de que no están solos frente a la marea.
El coste del repliegue
simbólico
Frente a la exigencia de este
despliegue, el espectáculo de una estancia estival de alto coste logístico en
Lanzarote proyecta un mensaje de profunda desconexión. No se trata únicamente
del debate sobre las facturas de manutención, el despliegue de seguridad o los
gastos de conservación de la residencia oficial de Patrimonio Nacional; el
coste verdaderamente inasumible es el de la erosión de la confianza pública.
Cuando la distancia entre el
sufrimiento de una ciudad fronteriza desbordada y el descanso del gobernante se
mide en la frialdad de las cifras y los comunicados oficiales, el contrato
social se resquebraja. Un Estado que exige corresponsabilidad, rigor normativo
y cumplimiento cívico a sus ciudadanos no puede permitirse la imagen de un
liderazgo atrincherado en la comodidad institucional mientras las costuras de
su frontera sur se deshilan.
Si nadie en el entorno de la
Moncloa supo ver que el lugar del Presidente estaba en Ceuta, estamos ante un
fallo sistémico de asesoramiento político. Si, por el contrario, la advertencia
existió y fue desatendida, nos encontramos ante una voluntaria renuncia al
deber de presencia. En ambos casos, el resultado es el mismo: una
irresponsabilidad política que priva a España de la respuesta de Estado que la
gravedad del momento exige. Es hora de rectificar el rumbo, asumir la realidad
sin eufemismos y devolver al Gobierno al lugar donde se juega el futuro de la
nación.
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