Destino de los impuestos y sostenibilidad de las infraestructuras

 

Destino de los impuestos y sostenibilidad de las infraestructuras

Hoy es día de luto por las víctimas del trágico accidente ferroviario en la Provincia de Toledo, pero también un momento oportuno para abrir una reflexión serena y basada en datos sobre el destino de nuestras cuentas públicas, la prioridad asignada al mantenimiento del capital estratégico y el volumen de inversión dedicada a la seguridad operacional.

El análisis de la distribución presupuestaria en España durante los últimos ocho años (2018–2026) evidencia una prioridad clara del gasto público: el sostenimiento del Estado del bienestar y la protección social absorben la inmensa mayoría de los recursos del Estado, mientras que la inversión en capital productivo e infraestructuras representa una fracción reducida del total presupuestado y ejecutado.

1. La estructura del gasto público: Protección social vs. Infraestructuras

En el cómputo global consolidado de las Administraciones Públicas (según datos de la Intervención General de la Administración del Estado - IGAE), las partidas dedicadas a la protección y promoción social —que engloban pensiones públicas, sanidad, educación, prestaciones por desempleo y subsidios de inclusión como el Ingreso Mínimo Vital— acaparan entre un 68% y un 72% del gasto total. Esto supone un desembolso superior a los 300.000 millones de euros anuales.

Dentro de este bloque:

• Pensiones y Seguridad Social: Constituyen el núcleo principal con un importe que supera los 190.000 millones de euros al año.
• Subsidios y protección asistencial: La partida destinada a rentas de integración, protección por desempleo y subsidios asistenciales se sitúa entre los 20.000 y los 25.000 millones de euros anuales.

En contraste, el conjunto de la inversión pública en infraestructuras de transporte (red ferroviaria, carreteras, puertos y obras hidráulicas) representa habitualmente entre un 1,5% y un 2,5% del gasto público consolidado. A lo largo de este periodo de ocho años, las partidas asignadas al Ministerio de Transportes y sus empresas públicas (como Adif y Adif Alta Velocidad) han sumado un volumen de inversión bruta situado entre los 8.000 y los 12.000 millones de euros al año, impulsado en el último tramo por los fondos europeos Next Generation EU.

2. Radiografía de la inversión ferroviaria y el mantenimiento

Al desglosar específicamente el ámbito ferroviario, se observan dos dinámicas diferenciadas entre la expansión de la red y su conservación:

• Inversión bruta anual: El presupuesto asignado a Adif y Adif Alta Velocidad ha rondado entre los 3.500 y los 4.800 millones de euros anuales. No obstante, la mayor parte de este importe se ha destinado a la construcción de nuevos tramos de Alta Velocidad y grandes proyectos de ampliación.
• Gasto en conservación y mantenimiento: El gasto específico asignado a la conservación, mantenimiento preventivo/correctivo y renovación de las líneas existentes en servicio se ha situado en una horquilla estimada de entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año, lo que equivale a menos del 0,4% del gasto público total.
• Intensidad de uso por kilómetro: Aunque el presupuesto global de mantenimiento registró aumentos nominales tras los recortes del periodo 2011–2017, la red operada se ha expandido sustancialmente y el tráfico de pasajeros ha crecido a ritmo elevado tras la liberalización del sector. Diversos análisis sectoriales señalan que la inversión en mantenimiento por kilómetro en servicio o por pasajero muestra caídas en métricas específicas al compararse con la década 2000–2010 o con la media de la Unión Europea.

3. Tasa de ejecución presupuestaria

A la asimetría en la asignación de recursos se añade el factor de la ejecución real. Según las memorias de la IGAE y los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas:

• Mientras que el gasto social corriente registra niveles de ejecución cercanos al 100% de lo programado, el capítulo de inversiones reales de las empresas públicas ferroviarias presenta históricamente tasas de ejecución efectiva situadas habitualmente entre el 50% y el 70% de los créditos autorizados en los Presupuestos Generales del Estado.

4. Estado de la investigación y puntos de debate técnico

Respecto al accidente ocurrido en Urda (Toledo), la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha iniciado los peritajes técnicos correspondientes. Extraer conclusiones precipitadas de causalidad directa antes de la publicación del informe oficial carecería de rigor técnico.

Sin embargo, los datos presupuestarios alimentan un debate legítimo sobre el modelo de infraestructuras:

• Postura crítica: Argumenta que la bajada en la tasa de ejecución y el menor gasto por kilómetro en explotación frente al aumento del tráfico comercial generan un desgaste operacional acelerado, lo que exigiría derivar un mayor porcentaje del presupuesto público hacia la conservación preventiva de los activos críticos para garantizar la resiliencia y la seguridad operativa.
• Postura oficial (Ejecutivo / Adif): Sostiene que los presupuestos de conservación de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) han marcado cifras récord en los últimos años gracias al impulso de los fondos europeos, superando la etapa de recortes previos, y que la red cuenta con sistemas de seguridad de última generación (como el ERTMS) conformes con la normativa europea.

Conclusión

Un análisis riguroso de las cuentas públicas evidencia que España destina la inmensa mayoría de sus recursos presupuestarios al sostenimiento de las transferencias sociales y el gasto corriente. Si bien la inversión en infraestructuras se ha recuperado nominalmente en los últimos ejercicios, persisten tensiones estructurales entre la baja ejecución presupuestaria de las inversiones programadas y el rápido incremento en la intensidad de uso de la red ferroviaria.

Fuentes de datos:

• Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
• Presupuestos Generales del Estado (PGE)
• Memorias anuales de Adif y Adif Alta Velocidad
• Informes del Observatorio del Ferrocarril en España (OFE)