Cuando las calles arden
Estado de Derecho, orden
público y resiliencia democrática en la España del siglo XXI
Entrada 10: Cómo se protege
una democracia sin dejar de ser una democracia
Libertad, seguridad y
resiliencia institucional en el siglo XXI
Introducción
Todo el recorrido desarrollado
a lo largo de este ciclo nos ha conducido a una misma cuestión fundamental.
Hemos analizado modelos
policiales, límites constitucionales, mecanismos de coordinación, servicios
esenciales, inteligencia preventiva, campañas de desinformación y herramientas
extraordinarias del Estado.
Sin embargo, todos esos
elementos son únicamente piezas de una reflexión más amplia.
La verdadera pregunta nunca ha
sido cómo gestionar una manifestación, una acampada, unos disturbios urbanos o
una crisis de seguridad.
La verdadera pregunta es otra:
¿Cómo puede una democracia
protegerse sin dejar de ser una democracia?
Esta cuestión acompaña a las
sociedades libres desde hace siglos.
Cada generación la ha
afrontado en circunstancias diferentes.
Cada época ha tenido sus
propios desafíos.
Pero el dilema esencial
permanece inalterado:
¿Cómo defender el orden sin
sacrificar la libertad?
¿Cómo preservar la autoridad
sin caer en el autoritarismo?
¿Cómo garantizar la seguridad
sin erosionar los derechos fundamentales?
La paradoja de las sociedades
abiertas
Las democracias poseen una
característica que constituye simultáneamente su principal fortaleza y su
principal vulnerabilidad.
Son sociedades abiertas.
Permiten:
- la crítica al poder;
- la libertad de expresión;
- la protesta;
- la participación política;
- el pluralismo ideológico;
- la libre circulación de información.
Precisamente porque son
abiertas resultan más complejas de gobernar que los sistemas basados en la
imposición.
La libertad genera diversidad.
Y la diversidad genera
inevitablemente conflicto.
Pero el conflicto no es un
fallo de la democracia.
Es una consecuencia natural de
la libertad.
La cuestión verdaderamente
importante no es evitar todos los conflictos.
La cuestión consiste en
gestionarlos sin destruir las reglas que permiten resolverlos pacíficamente.
La seguridad como condición de
la libertad
Existe una tendencia frecuente
a presentar libertad y seguridad como conceptos incompatibles.
En realidad, ambas se
necesitan mutuamente.
La libertad solo puede
ejercerse plenamente en un entorno razonablemente seguro.
Y la seguridad únicamente
resulta legítima cuando está orientada a proteger las libertades de los
ciudadanos.
Cuando una sociedad pierde
completamente la seguridad, aparecen el miedo y la incertidumbre.
Cuando pierde completamente la
libertad, aparecen la arbitrariedad y la opresión.
Por ello, las democracias
modernas no persiguen maximizar uno de estos valores a costa del otro.
Persiguen mantener un
equilibrio dinámico entre ambos.
El peligro de las falsas
soluciones
Las situaciones de crisis
suelen favorecer respuestas aparentemente sencillas.
En momentos de incertidumbre
siempre surgen voces que reclaman soluciones inmediatas y absolutas.
Algunas proponen resolver
cualquier problema mediante el incremento permanente de la capacidad coercitiva
del Estado.
Otras defienden que cualquier
intervención pública constituye una amenaza para las libertades individuales.
Ambas posiciones comparten una
misma debilidad.
Ignoran la complejidad de las
sociedades modernas.
Los grandes desafíos del siglo
XXI rara vez admiten soluciones simples.
La experiencia demuestra que
los problemas relacionados con la convivencia, la polarización, la violencia
urbana o la desinformación exigen respuestas múltiples y coordinadas.
La firmeza institucional es
necesaria.
Pero también lo son las
garantías jurídicas.
La verdadera fortaleza del
Estado de Derecho
A menudo se identifica la
fortaleza de un Estado con su capacidad para imponer decisiones.
Sin embargo, las democracias
más sólidas suelen distinguirse por algo diferente.
No destacan únicamente por lo
que pueden hacer.
Destacan por aquello que
deciden no hacer.
El respeto a los límites
legales, incluso en situaciones difíciles, constituye una muestra de fortaleza
institucional mucho más profunda que cualquier demostración de poder.
Esa es precisamente la razón
por la que los sistemas constitucionales establecen:
- controles judiciales;
- supervisión parlamentaria;
- protección de derechos fundamentales;
- límites a la actuación administrativa.
No para debilitar al Estado.
Sino para proteger su
legitimidad.
La resiliencia democrática
A lo largo del ciclo hemos
utilizado con frecuencia el concepto de resiliencia.
Aplicado a la democracia, este
término adquiere un significado especialmente relevante.
Una democracia resiliente no
es aquella que nunca afronta tensiones.
Es aquella que conserva su
capacidad de funcionamiento cuando esas tensiones aparecen.
La resiliencia democrática
implica:
- instituciones eficaces;
- ciudadanos informados;
- medios de comunicación responsables;
- administraciones coordinadas;
- justicia independiente;
- fuerzas de seguridad profesionales;
- respeto generalizado a las reglas comunes.
Se trata de una construcción
colectiva.
Ninguna institución puede
alcanzarla por sí sola.
La confianza: el activo más
valioso
Existe un elemento que ha
aparecido de forma recurrente en todas las entradas del ciclo.
La confianza.
Las democracias funcionan
porque la mayoría de sus ciudadanos acepta voluntariamente las normas de
convivencia.
Cuando esa confianza
disminuye, aumentan las tensiones.
Cuando desaparece, la
estabilidad institucional comienza a deteriorarse.
Por ello, la confianza debe
entenderse como un recurso estratégico.
Se fortalece mediante:
- coherencia;
- transparencia;
- legalidad;
- responsabilidad;
- ejemplaridad institucional.
Y se debilita cuando las
decisiones públicas parecen arbitrarias, contradictorias o incomprensibles.
La ciudadanía como primera
línea de defensa
Con frecuencia tendemos a
analizar la seguridad desde una perspectiva exclusivamente institucional.
Sin embargo, las democracias
no se sostienen únicamente sobre policías, jueces o gobernantes.
Se sostienen también sobre
ciudadanos responsables.
La calidad de una democracia
depende en gran medida de la capacidad de sus ciudadanos para:
- verificar información;
- respetar la discrepancia;
- participar cívicamente;
- rechazar la violencia;
- exigir responsabilidades a los poderes
públicos.
Ningún sistema institucional
puede sustituir completamente estas funciones.
La democracia es, en última
instancia, una tarea compartida.
España ante los desafíos del
siglo XXI
España no es ajena a los
grandes desafíos que afectan a las democracias occidentales.
La polarización política.
Los cambios demográficos.
Los problemas de acceso a la
vivienda.
Las tensiones económicas.
La rápida transformación
tecnológica.
La expansión de la
desinformación.
Todos estos fenómenos plantean
retos significativos para las instituciones públicas.
Sin embargo, también existen
fortalezas importantes.
El marco constitucional.
La experiencia acumulada en
gestión de crisis.
La profesionalidad de las
administraciones públicas.
La capacidad de cooperación
institucional.
Y una sociedad que, pese a sus
discrepancias, continúa resolviendo sus conflictos dentro de cauces
democráticos.
La clave estará en preservar y
reforzar esos activos.
Una lección que trasciende
este ciclo
Quizá la enseñanza más
importante de todo lo analizado pueda resumirse en una sola idea.
Las democracias no fracasan
porque existan conflictos.
Los conflictos son
inevitables.
Fracasan cuando pierden la
capacidad de gestionarlos conforme a sus propios principios.
Por ello, la cuestión decisiva
no es si surgirán nuevos desafíos.
Sin duda surgirán.
La cuestión es si sabremos
afrontarlos preservando aquello que hace valioso nuestro sistema de
convivencia.
Conclusión final del ciclo
A lo largo de estas diez
entradas hemos recorrido un camino que comenzó con una pregunta aparentemente
técnica sobre orden público y termina planteando una reflexión mucho más
profunda sobre la naturaleza misma de la democracia.
Hemos comprobado que la
seguridad no depende exclusivamente de los recursos policiales.
Que la libertad no puede
mantenerse sin instituciones sólidas.
Que la resiliencia exige
coordinación, confianza y capacidad de adaptación.
Y que las reglas del Estado de
Derecho adquieren precisamente su mayor valor cuando las circunstancias invitan
a ignorarlas.
En última instancia, la
fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de conflictos.
Se mide por su capacidad para
superarlos sin renunciar a sus principios.
Porque proteger una democracia
no consiste únicamente en preservar sus instituciones.
Consiste también en preservar
los valores que les dan sentido.
Y esa es una responsabilidad
que corresponde, al mismo tiempo, a los poderes públicos y a cada uno de los
ciudadanos que forman parte de ella.
Cierre del ciclo
Cuando las calles arden,
cuando la incertidumbre aumenta y la presión sobre las instituciones se
multiplica, resulta comprensible buscar respuestas rápidas y contundentes.
Pero la experiencia histórica
demuestra que las sociedades más fuertes no son aquellas que reaccionan con
mayor dureza.
Son aquellas que logran
mantener el equilibrio entre libertad, seguridad y legalidad incluso en los
momentos más difíciles.
Porque ese equilibrio, siempre
imperfecto y siempre necesario, constituye el verdadero corazón de toda
democracia duradera.

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