Ciclo sobre Fraude en la financiación del Consumo: Entrada 2 — Cuatro países, cuatro modelos: así luchaba Europa contra el fraude en 2011

Entrada 2 — Cuatro países, cuatro modelos: así luchaba Europa contra el fraude en 2011

Ciclo sobre: “Fraude en la financiación del Consumo: lo que aprendimos, lo que cambió y lo que sigue pendiente”

Cuando uno mira hacia atrás y repasa cómo combatía Europa el fraude en 2011, descubre un mosaico sorprendente. No había un modelo europeo. No había un estándar común. Había, más bien, cuatro o cinco Europas distintas, cada una con su propia forma de entender la prevención, la verificación y el intercambio de información.

Ese paisaje fragmentado explica muchas cosas: por qué el fraude se desplazaba de un país a otro, por qué algunas entidades estaban mejor protegidas que otras y por qué España, pese a su experiencia y profesionalidad, trabajaba con herramientas más limitadas que sus vecinos.

Lo que sigue no es un inventario exhaustivo, sino una mirada comparada a los modelos más representativos. Cada uno de ellos revela una forma distinta de entender la colaboración, la tecnología y el equilibrio entre privacidad y seguridad.

 

Países Bajos: el modelo más avanzado

En 2011, los Países Bajos eran el ejemplo más sólido de cooperación sectorial. Su sistema IFI —el Sistema de Información de las Instituciones Financieras— llevaba funcionando desde 1990 y había sido ampliado y aprobado por la autoridad de protección de datos.

Su lógica era sencilla y poderosa:

•        registrar incidentes y sospechas graves,

•        compartirlos entre bancos y aseguradoras,

•        permitir consultas controladas,

•        y garantizar que solo los departamentos especializados accedieran al detalle.

Era un sistema maduro, auditado y aceptado institucionalmente. No era perfecto, pero funcionaba. Y, sobre todo, demostraba que la colaboración era posible dentro de un marco legal exigente.

 

Reino Unido: la colaboración en estado puro

Si los Países Bajos eran el modelo más estable, Reino Unido era el más ambicioso. Allí existían dos herramientas que, vistas desde España, parecían casi ciencia ficción:

•        CIFAS, una base negativa basada en reciprocidad, donde las entidades compartían casos confirmados de fraude.

•        HUNTER, una base mixta (positiva y negativa) gestionada por Experian, capaz de detectar anomalías en solicitudes mediante reglas sofisticadas.

Ambas tenían algo en común: eran sistemas cerrados, exigentes y auditados, donde solo participaban quienes aportaban información.

Reino Unido había entendido antes que nadie que el fraude no se combate en solitario. Y había construido un ecosistema donde bancos, financieras, aseguradoras y telcos compartían señales de riesgo con naturalidad.

 

Italia: verificación institucional y múltiples registros

Italia ofrecía un modelo distinto, más fragmentado, pero también más rico en fuentes. Allí coexistían:

•        tres registros de crédito (CRIF, Experian y CTC),

•        bases públicas para verificar el código fiscal,

•        bases de identidades robadas,

•        y un organismo central para el fraude en medios de pago.

Italia tenía algo que España no tenía: acceso institucional a datos básicos de identidad. Esa diferencia, que puede parecer menor, marcaba una distancia enorme en la capacidad de detectar suplantaciones.

Además, Italia avanzaba hacia un sistema interconectado entre administraciones públicas y entidades financieras. No llegó a desplegarse con toda la ambición prevista, pero mostraba un camino posible.

 

Alemania: potencia tecnológica, freno regulatorio

Alemania era un caso singular. Tenía herramientas sectoriales potentes:

•        HIS para seguros,

•        bases de fraude en telecomunicaciones,

•        y la FPN, una red impulsada por SCHUFA y la industria del crédito.

Pero había un obstáculo: la legislación alemana de protección de datos era una de las más estrictas de Europa. La FPN, por ejemplo, no podía operar plenamente sin una normativa específica que nunca llegó a consolidarse.

Alemania tenía capacidad técnica, pero su marco jurídico frenaba la colaboración. Era un recordatorio de que la tecnología no basta si el entorno regulatorio no acompaña.

 

¿Y España? El país que más necesitaba herramientas y menos acceso tenía

España tenía talento, experiencia y voluntad. Tenía también iniciativas pioneras como PERSUS y FODI. Pero carecía de algo esencial: acceso a datos públicos para verificar la identidad y la información declarada por los solicitantes.

La interpretación restrictiva de la Directiva 95/46/CE impedía:

•        verificar direcciones,

•        contrastar ingresos,

•        comprobar documentos oficiales,

•        o acceder a bases públicas de identidad.

Y, para colmo, el consentimiento era obligatorio incluso en casos de fraude. Una paradoja que yo mismo señalé entonces: el defraudador daba el consentimiento y el titular real quedaba desprotegido.

España no estaba peor preparada técnicamente. Estaba peor posicionada jurídicamente. Y eso condicionaba todo.

 

Cuatro modelos, una conclusión

Mirado desde 2026, aquel mapa europeo explica por qué el fraude se movía con tanta facilidad entre países. Donde había colaboración, el fraude encontraba resistencia. Donde no la había, encontraba oportunidades.

El informe EUROFINAS‑ACCIS no solo describió esa diversidad. La hizo visible. Y, al hacerlo, permitió que cada país —incluida España— empezara a pensar en su propio modelo, sus carencias y sus posibilidades.

Esa es la historia que cuenta esta segunda entrada: la historia de una Europa que luchaba contra el fraude con herramientas desiguales, y de un sector que empezaba a comprender que la colaboración no era un lujo, sino una necesidad.