Ciclo sobre Fraude en la financiación del Consumo: Entrada 1 — 2011: Cuando Europa descubrió que el fraude era un problema sistémico

 

Entrada 1 — 2011: Cuando Europa descubrió que el fraude era un problema sistémico

Ciclo sobre: “Fraude en la financiación del Consumo: lo que aprendimos, lo que cambió y lo que sigue pendiente”

 

Había una sensación extraña en el sector financiero europeo en 2011. La crisis había dejado al descubierto fragilidades que parecían impensables unos años antes: consumo deprimido, crédito restringido, morosidad creciente y una incertidumbre que atravesaba a bancos, financieras y consumidores. En medio de ese paisaje, el fraude —que siempre había estado ahí, silencioso, subterráneo— empezó a mostrar su verdadera dimensión.

Fue en ese contexto cuando EUROFINAS y ACCIS publicaron su informe sobre fraude en la financiación del consumo. No era un documento más. Era, en cierto modo, la primera fotografía europea de un fenómeno que hasta entonces se había tratado como un asunto doméstico, casi anecdótico, y que de pronto revelaba su carácter estructural.

Lo que mostraba el informe era contundente. El fraude no era un problema marginal ni un daño colateral de la crisis. Era un riesgo sistémico que afectaba a la confianza, a la solvencia y a la propia arquitectura del crédito al consumo. Y, sobre todo, era un riesgo que se movía con rapidez entre países, aprovechando las diferencias regulatorias, las lagunas de verificación y la falta de colaboración entre instituciones.

En España, esa constatación tenía un peso especial. La morosidad ocupaba todas las conversaciones, pero el fraude quedaba diluido en esa categoría, como si fuera una variante más del impago. El informe ayudó a separar ambos conceptos: la morosidad es un fenómeno económico; el fraude, un fenómeno criminal. Y esa distinción, que hoy parece evidente, no lo era entonces.

El documento también mostraba algo que hoy, con la perspectiva del tiempo, resulta casi premonitorio: la enorme fragmentación europea. Cada país tenía su propio modelo, sus propias bases de datos, sus propias reglas de acceso y sus propios límites. Reino Unido era el más avanzado, con sistemas colaborativos maduros. Los Países Bajos habían construido un mecanismo sólido y aprobado por su autoridad de protección de datos. Italia combinaba registros públicos y privados con una agilidad que en España resultaba impensable. Alemania avanzaba, pero con frenos regulatorios. Y España… España tenía talento, voluntad y experiencia, pero carecía de acceso a datos públicos y dependía del consentimiento del titular incluso en casos de fraude.

El informe no solo describía la situación. También hacía algo más importante: ponía nombre al problema. Y cuando un sector es capaz de nombrar un riesgo, empieza a poder gestionarlo.

Mirado desde 2026, aquel documento tiene un valor especial. No solo por lo que decía, sino por lo que anticipaba. La digitalización, que entonces avanzaba a un ritmo más lento, multiplicaría después las modalidades de fraude: identidades sintéticas, documentos manipulados digitalmente, ingeniería social, suplantación biométrica, fraude en plataformas y en BNPL (Buy Now, Pay Later- Compra ahora, paga después). Pero las raíces del problema ya estaban ahí, claramente expuestas.

En aquel momento, desde ASNEF, entendimos que el informe no era un diagnóstico ajeno, sino una invitación a actuar. Era necesario construir una visión sectorial, compartir información, diferenciar fraude y morosidad, y acercar la problemática a las instituciones públicas. Era necesario, en definitiva, asumir que la prevención del fraude no era un asunto técnico, sino una responsabilidad colectiva.

Hoy, al releer ese informe, uno comprende que fue más que un documento. Fue un punto de inflexión. Un recordatorio de que el fraude no se combate solo con tecnología, sino con colaboración, claridad conceptual y una comprensión profunda del riesgo.

Y también fue, para quienes trabajábamos entonces en la financiación del consumo, una llamada a pensar en el futuro. A entender que la protección del crédito —y de los ciudadanos que lo utilizan— exige una vigilancia constante, una capacidad de adaptación y una voluntad de cooperación que trasciende a cada entidad.

Esa es la historia que abre esta serie. La historia de un informe que llegó en un momento difícil, pero que ayudó a iluminar un camino que aún hoy seguimos recorriendo.