Entrada 7 - Crédito responsable en 2026: El proceso de recuperación responsable: transparencia, advertencia y solvencia sobrevenida
Entrada 7
Crédito responsable en
2026: El proceso de recuperación responsable: transparencia, advertencia y
solvencia sobrevenida
El proceso de recuperación
constituye la última fase del ciclo crediticio y, en el marco del crédito
responsable, debe abordarse con criterios de transparencia, prudencia y
proporcionalidad. Aunque la recuperación de deuda es una actividad
tradicionalmente asociada a la gestión del riesgo y a la morosidad, en 2026 se
integra plenamente en el sistema de cumplimiento normativo, con obligaciones
específicas derivadas de la Orden EHA/2899/2011, de la normativa de protección
del cliente y de las directrices supervisoras del Banco de España.
El objetivo del proceso de
recuperación responsable no es únicamente recobrar la deuda impagada, sino
hacerlo de forma ordenada, informada y respetuosa con los derechos del cliente,
garantizando que este comprende las consecuencias del incumplimiento y que la
entidad actúa con criterios de diligencia y proporcionalidad. La evaluación de
la solvencia sobrevenida —esto es, la capacidad del cliente para afrontar sus
obligaciones tras el impago— se convierte en un elemento central del proceso.
El marco operativo del proceso
de recuperación responsable se articula en torno a cuatro elementos esenciales:
1. Advertencia formal previa
al cliente.
Antes de iniciar acciones como
la reclamación del total del préstamo o el recurso a los tribunales, la entidad
debe advertir formalmente al prestatario de las consecuencias del mantenimiento
del impago. Esta advertencia debe incluir información clara sobre los intereses
moratorios, los gastos asociados y el impacto que la ejecución de la deuda
podría tener sobre sus bienes e intereses. La transparencia en esta fase es
fundamental para que el cliente pueda valorar alternativas y evitar un
deterioro mayor de su situación financiera.
2. Evaluación de la solvencia
sobrevenida.
El crédito responsable exige
que, ante un incumplimiento, la entidad evalúe nuevamente la capacidad del
cliente para afrontar sus obligaciones. Esta evaluación debe considerar la
situación financiera actualizada del prestatario, la depreciación de las garantías
y las posibilidades reales de cumplimiento. La reevaluación es obligatoria
cuando la renegociación implique un incremento significativo del importe total
o del plazo de devolución, o cuando existan indicios de deterioro de la
garantía. La prevención del fraude sigue siendo un elemento esencial,
garantizando que la información aportada en esta fase es auténtica y
verificable.
3. Políticas de renegociación
y reestructuración.
La entidad debe disponer de
una política de renegociación aprobada por el máximo órgano de gobierno. Esta
política debe establecer criterios objetivos para acceder a la renegociación,
como la experiencia previa del cliente, su historial de cumplimiento y la
frecuencia máxima de renegociaciones permitida. La renegociación debe basarse
en la capacidad real del cliente y en un análisis prudente de su situación
financiera. La entidad debe evitar soluciones que trasladen el problema al
futuro sin resolver la causa del impago.
4. Externalización responsable
de los procesos de recuperación.
Cuando la entidad externalice
la gestión de recobros, debe garantizar que las empresas externas actúan
conforme a los mismos principios de transparencia y diligencia. Los
procedimientos deben definir los requisitos que deben cumplir los proveedores,
los controles que se aplicarán y los mecanismos de supervisión. La entidad
sigue siendo responsable ante el supervisor de la actuación de los terceros,
por lo que la trazabilidad y la documentación son esenciales.
El proceso de recuperación
responsable exige una coordinación estrecha entre los departamentos de
Recuperaciones, Riesgos, Cumplimiento y Prevención del Fraude. La información
utilizada en esta fase debe ser coherente con la empleada en la evaluación inicial
y en el seguimiento del crédito. La digitalización ha introducido herramientas
que permiten automatizar parte del proceso, pero la supervisión humana sigue
siendo imprescindible para garantizar que las decisiones se adoptan con
criterios de prudencia y proporcionalidad.
La recuperación responsable no solo protege al cliente, sino que también fortalece la solvencia de la entidad y reduce el riesgo reputacional.
En la siguiente entrada se analizará el
proceso de archivo y conservación documental, que constituye la base de la
trazabilidad y de la capacidad de la entidad para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones.

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