Adaptarse al Modelo ANIFI, Entrada 9 — Régimen sancionador y responsabilidad personal: el nuevo riesgo jurídico del modelo ANIFI

 

CICLO PBC/FT 2026–2029: Adaptarse al Modelo ANIFI

Entrada 9 — Régimen sancionador y responsabilidad personal: el nuevo riesgo jurídico del modelo ANIFI

1. El régimen sancionador deja de ser disuasorio: ahora es estructural

El anteproyecto transforma por completo el sistema sancionador. Las sanciones dejan de ser un mecanismo disuasorio y pasan a ser un instrumento de gobernanza, diseñado para corregir, disciplinar y reestructurar organizaciones.

El anteproyecto lo formula sin ambigüedades: “El anteproyecto eleva de forma notable la presión sancionadora.”

La combinación de multas más altas, responsabilidad personal y publicación obligatoria crea un entorno regulatorio de alto impacto jurídico y reputacional.

2. Infracciones muy graves: el nuevo nivel máximo de exposición

Las infracciones muy graves podrán sancionarse con:

• Multa mínima de 150.000 euros.
• Multa máxima equivalente a la mayor de estas cifras:
• El 15 % del volumen de negocios anual total.
• El triple del contenido económico de la operación.
• El quíntuplo de los beneficios obtenidos.
• 15 millones de euros.

Además:

• La multa será obligatoria.
• Se acompañará de amonestación pública.
• Podrán imponerse restricciones de actividad, cambios de gobierno y suspensión o revocación de la autorización.

Este nivel de sanción convierte el incumplimiento muy grave en un riesgo existencial para la organización.

3. Infracciones graves: sanciones que afectan a la continuidad del negocio

Las infracciones graves tendrán:

• Multa mínima general de 60.000 euros.
• Multa máxima equivalente a la mayor entre:
• El 10 % del volumen de negocios.
• Las magnitudes ligadas a la operación o el beneficio.
• 10 millones de euros.

Para personas físicas, el mínimo podrá reducirse a 30.000 euros.

Las infracciones graves incluyen elementos críticos como:

• Infradotación de recursos.
• Fallos en la gobernanza.
• Deficiencias en la diligencia debida.
• Errores en el examen especial.
• Incumplimientos en reporting.

El régimen convierte la gestión del riesgo en un criterio sancionable.

4. Infracciones leves: un umbral más alto

Las infracciones leves podrán alcanzar 60.000 euros. Esto eleva el nivel de exposición incluso para incumplimientos menores, como:

• Retrasos documentales.
• Fallos de registro.
• Errores formales en comunicaciones.

El sistema sancionador se vuelve más granular y menos tolerante.

5. Responsabilidad personal: administradores y directivos en primera línea

El anteproyecto rompe con la lógica tradicional de responsabilidad corporativa. Ahora, los administradores y directivos responderán cuando el incumplimiento sea imputable a:

• Conducta dolosa.
• Conducta negligente.

Las sanciones personales pueden alcanzar:

• Entre 60.000 y 15 millones de euros en infracciones muy graves.
• Entre 3.000 y 10 millones en infracciones graves.
• Separación del cargo.
• Inhabilitación hasta cinco años.

La responsabilidad personal convierte la gobernanza en un riesgo jurídico directo.

6. Publicación obligatoria de sanciones: el riesgo reputacional más intenso

Las sanciones firmes deberán publicarse durante cinco años.

Esto implica:

• Impacto reputacional prolongado.
• Riesgo para relaciones con clientes y contrapartes.
• Dificultad para obtener financiación.
• Exposición mediática y sectorial.

La publicación convierte la sanción en un evento público, no en un trámite administrativo.

7. Medidas correctoras inmediatas: supervisión con capacidad de intervención

La Comisión Rectora podrá ordenar:

• Refuerzo de controles.
• Requisitos específicos para clientes, operaciones o canales de alto riesgo.
• Modificación de la gobernanza.
• Reducción del riesgo de determinados productos y actividades.

El incumplimiento de estas órdenes puede activar multas coercitivas periódicas de hasta:

• El 3 % del volumen de negocios diario medio,
• Durante seis meses,
• Prorrogables por otros seis.

La supervisión deja de ser retrospectiva y pasa a ser interventora.

8. Riesgos operativos del nuevo régimen sancionador

El nuevo modelo genera cinco riesgos que deben gestionarse desde el inicio:

• Riesgo jurídico: sanciones elevadas y responsabilidad personal.
• Riesgo reputacional: publicación obligatoria durante cinco años.
• Riesgo de continuidad: restricciones de actividad y suspensión de autorizaciones.
• Riesgo de intervención: medidas correctoras inmediatas.
• Riesgo de coerción: multas periódicas por incumplimiento de órdenes.

El régimen sancionador se convierte en un elemento estructural del programa preventivo.

9. Qué deben hacer las organizaciones antes del BOE

Aunque el texto puede cambiar, hay decisiones que ya pueden adoptarse:

• Revisar la gobernanza para evitar responsabilidad personal.
• Documentar la suficiencia de recursos.
• Reforzar la calidad de expedientes de examen especial.
• Preparar reporting negativo y trazabilidad completa.
• Crear protocolos de respuesta a órdenes supervisoras.
• Integrar el riesgo reputacional en los planes de continuidad.
• Formar al órgano de dirección en el nuevo régimen sancionador.

El régimen sancionador exige madurez organizativa, no solo cumplimiento técnico.

10. Conclusión: el riesgo jurídico como parte del modelo ANIFI

El anteproyecto convierte el régimen sancionador en un pilar del sistema PBC/FT. Las sanciones elevadas, la responsabilidad personal y la publicación obligatoria crean un entorno donde el cumplimiento deja de ser una obligación técnica y pasa a ser un elemento estratégico de supervivencia corporativa.

Esta entrada completa el bloque sancionador del ciclo. A partir de aquí, el sistema se vuelve temporal y estratégico: calendario, implantación y gestión del riesgo.